En el pasado mes de Junio se dieron a conocer detalles del llamado Proyecto Neptuno mediante el cual una empresa privada ofrece una alternativa para el abastecimiento de agua potable a la región que comprende los departamentos de Montevideo y San José.
En la prensa hemos visto consideraciones de todo tipo, ambiental, económico, técnico etc. pero notamos en la mayoría de los casos se omite mencionar las disposiciones constitucionales que se votaron en el Plebiscito del Agua en el año 2004.
En un acontecimiento histórico, más del 60% de los uruguayos respaldó la Reforma Constitucional en Defensa del agua, agregando a la Carta Magna la consideración del agua como un Derecho Humano, sentando las bases para que su gestión se realice exclusivamente en forma pública, participativa y sustentable.
La actual situación del suministro a la capital del país es complicada y peligrosa. A la contaminación por los emprendimientos agrícolaslas e industriales de la cuenca del Río Santa Lucía, se agrega la dificultad de deshacerse de los barros que la propia planta potabilizadora produce y que generan un grave problema ambiental.
La urgencia del problema está fuera de discusión, aunque si nos referimos, como obligatoriamente debe hacerse, al contenido de nuestra Constitución, su gestión necesariamente debe ser estatal.
Que se contraten servicios técnicos con proyecto y asesoramiento, es correcto y aceptable pues en nuestro país creo no existe ni la tecnología ni empresas que la manejen, pero atención : Hay que evitar a toda costa la privatización de un servicio reconocido en Uruguay como un Derecho Humano fundamental.
Recordemos las experiencia en el Departamento de Maldonado, donde  Aguas de la Costa y Aguas de Bilbao causaron una debacle tarifaria con sus costos de conexión y daños ambientales que provocaron un juicio llevado adelante por la comuna fernandina por su responsabilidad en la desecación de Laguna Blanca.
 
Long John Silver Hermano de la Costa