Las últimas invasiones de cianobacterias acaecidos en arroyos, ríos y alcanzando aún la franja costera hasta los límites sobre el Océano Atlántico ameritan un estudio de bastante mas profundidad y necesitan una explicación mas allá de las balbuceantes teorías sobre si las causas radican en el clima, la salinidad de las aguas, las altas temperaturas, los fertilizantes o el fósforo de las pasteras.
El fenómeno, al igual que la proliferación de especies vegetales acuáticas que han casi cegado arroyos y lagunas, está teniendo un efecto inmediato sobre nuestra vida cotidiana.
Nuestro recurso vital, el agua potable, se ve directamente amenazado. El esfuerzo de OSE por lograr un agua de consumo aceptable son costosos y con resultados no muy claros. Como es habitual, el organismo que debió prevenir, controlar y corregir las causas, sean las que fueren, ha reaccionado (Ha reaccionado?) tarde y mal, intentando actuar en un punto que para algunos es casi irreversible, o de largo aliento correctivo.
Estos organismos proliferan en aguas de escaso movimiento, temperatura media y salinidad muy baja, como por ejemplo lagunas y tajamares.
Nuestro gobierno, firmemente empeñado en la destrucción del URUGUAY NATURAL, a través de la Ley de Riego y con decisiones cómplices de la DINAMA y la totalidad del espectro político, ha engendrado la Ley de Riego, saltándose alegremente las disposiciones constitucionales de su Artículo 47. Su reglamentación, aprobada en Diciembre 2018, habilita a privados a embalsar aguas de escurrimiento en represas destinadas a riego. Al igual que con el Proyecto UPM2, se hicieron parodias de consultas públicas, amañadas para evitar la discusión de fondo de la reglamentación.
Las consecuencias de esto no se harán esperar. Mas aguas quietas donde se multiplicarán cianobacterias, mas explotaciones intensivas con su consiguiente carga de fertilizantes y subordinación de los recursos hídricoa a los propietarios aguas abajo de las represas.
La aprobación de los proyectos es solamente decorativa, pues no es un requisito imprescindible para su realización. Ya está en marcha el primero de ellos. Será propiedad del Fideicomiso Financiero Campos Sustentables, integrado mayoritariamente por capitales argentinos.
Lamentablemente no se llegó a reunir el número de firmas necesarias para plebiscitar la controvertida Ley, por lo que la CNDAV (Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida) ha presentado un recurso de inconstitucionalidad de la Ley.
Inexplicable la política ambiental de este gobierno; vergonzoso el papel de los organismos de control como la DINAMA y también del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, insistiendo en proyectos que directamente atentan contra los recursos ambientales, entregándolos a manos de extranjeros.
 

Long John Silver

Hermano de la Costa