Estos últimos días han aparecido, en la prensa y en entrevistas a voceros del gobierno, una serie de aspectos problemáticos del Proyecto UPM2. Aumento de costos por estudios geológicos que pasaron por alto características morfológicas de nuestro suelo, inicio de trabajos sin haber completado los estudios de impacto ambiental y como siempre, la subordinación total a los intereses de la empresa finlandesa.
El comunicado de MOVUS, (Movimiento por un Uruguay Sustentable), del 20 de Octubre, informa que el inicio de todos los trabajos relativos a UPM2 se hizo sin haber completado el estudio de impacto ambiental y tramitado la correspondiente autorización del organismo competente, requisito previo e imprescindible, en el caso de una gestión ajustada a Derecho.
La evaluación del impacto de los efluentes de la planta en el caudal del Río Negro motivó un reciente contrato con la Facultad de Ingeniería, realizado cuando ya los trabajos estaban iniciados.
Sucede lo mismo con el estudio de las condiciones ambientales previas a la radicación de la planta a modo de referencia para evaluar el impacto posterior. Debería haberse completado en Noviembre 2019, pero aún no ha finalizado ni ha generado informes al respecto.
Transcribo parte del informe MOVUS :

De acuerdo con la autorización ambiental del proyecto, el Plan de Monitoreo Ambiental debía incluir la situación previa y la evolución de la calidad del agua y los sedimentos del río, el estado de la biota acuática, del agua subterránea y del suelo en el predio del proyecto y su entorno inmediato, la calidad del aire en la zona, incluyendo ruido y las características socioeconómicas de las comunidades involucradas.

Todos los planes de monitoreo debían estar prontos en un plazo máximo de 6 meses desde la autorización del proyecto el 14 de mayo de 2019, para disponer de no menos de 2 años de mediciones previo al inicio de la operación del proyecto y al menos 1 año de mediciones previo al inicio de actividades de construcción. Como es notorio, las actividades de construcción se iniciaron sin cumplir con este requisito.

Los riesgos y perjuicios económicos, ambientales y sociales que puede ocasionar esta conducta de la empresa y de las autoridades se están constatando, lamentablemente, con el proyecto del Ferrocarril Central. Las imprevisiones técnicas de la empresa que diseñó el proyecto, contratada por UPM, y de los responsables del gobierno uruguayo que debían fiscalizarlo, han conducido a una verdadera catástrofe.

Sin desconocer las enormes responsabilidades que deben adjudicarse al garrafal error político del gobierno anterior y tampoco las que asumió el gobierno actual, ratificando y dando garantías a la empresa finlandesa, es necesario que quienes defendemos el patrimonio ambiental, económico y jurídico del Uruguay nos unamos firmando por el Proyecto de Reforma Constitucional que promocionamos desde esta página.
 

Long John Silver

Hermano de la Costa